La Oficina de Javier García Breva (JGB) señaló el pasado 29 de enero en la presentación del Cuaderno IPM ‘Estrategias para financiar la rehabilitación de edificios’ las razones para invertir en rehabilitación energética y las ventajas que conlleva este hecho, como la reactivación del empleo y el consumo o la acreditación de la seguridad energética del país. En este sentido, la Oficina de Javier García Breva aseguró que, según el Acuerdo de Asociación de España y la UE 2014-2020, en los próximos años más de 10.000 millones de euros de los Fondos Europeos se pueden destinar a la rehabilitación energética de edificios mientras que el 22% de dichos Fondos se aplicarán a la lucha contra el cambio climático.

Tras el estudio realizado en informes anteriores sobre las razones para invertir en eficiencia energética, las oportunidades de negocio que conlleva y la rentabilidad del ahorro energético, entre otras cuestiones, la Oficina de JGB ha realizado un nuevo Cuaderno IPM sobre estrategias para financiar la rehabilitación de edificios en el que se estudian los componentes imprescindibles para el desarrollo de estrategias de financiación con las que se haga posible la rentabilidad del ahorro energético de edificios y donde el consumidor sea la clave de este modelo de negocio.

“El perfil del consumidor ha cambiado y ya se fija mucho en los precios energéticos de un edificio. El consumidor es la clave del nuevo modelo de negocio, junto a la rehabilitación de edificios y la eficiencia energética, y por ello los nuevos modelos de negocio energético se tienen que fijar en la figura del consumidor, lo que supone un cambio revolucionario”, apuntó Javier García Breva, experto en políticas energéticas y presidente de N2E, en la presentación del nuevo Cuaderno IPM. “La rehabilitación energética es una ventaja competitiva. El ahorro de energía protege a los consumidores de la volatilidad de los precios energéticos, de la incertidumbre asociada a la dependencia de los combustibles fósiles y la contaminación ambiental, y, lo más importante, representa una revaloración de los edificios durante toda su vida útil”, añadió.

Asimismo, la Oficina de JGB afirmó que más de 10.000 millones de euros de los Fondos Europeos se podrían destinar en los próximos años a la rehabilitación energética de edificios. Además, indicó que el Acuerdo de Asociación de España y la UE 2014-2020 comprende los Fondos estructurales y de inversión dedicados a España por un importe de 36.900 millones de euros. Teniendo como prioridad minimizar el consumo energético en edificios y empresas, el 22% se dedicará a la lucha contra el cambio climático. En consecuencia, los programas dedicados a una economía baja en carbono y eficiencia de los recursos suman más de 10.400 millones de euros. El 5% del Feder se invertirá en acciones de desarrollo urbano sostenible integrado.

“La calificación energética es la clave para que la edificación sostenible sea lo necesario para el modelo energético”, comentó García Breva antes de señalar una serie de principios básicos. Afirmó que la rehabilitación es una ventaja competitiva; que hay que abonarse al autoabastecimiento energético ya que “es un principio fundamental de cualquier economía”; que hay que tener en cuenta las emisiones de CO2, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y las fuentes renovables como elementos imprescindibles en la financiación de la rehabilitación y que los Gobiernos tienen que cuantificar los beneficios de la rehabilitación.

Cuantificar los beneficios de la rehabilitación como prioridad de la Administración

Informes internacionales recientes, junto con la Comisión Europea (CE), coinciden en la necesidad de que las Administraciones Públicas establezcan objetivos a corto, medio y largo plazo para cuantificar los beneficios económicos de la rehabilitación. Por ejemplo, según el Informe ARPA, en 2013 el consumo de renovables redujo las emisiones de CO2 en 52 millones de toneladas, dato que la Oficina de JGB considera de vital importancia.

Así, la CE ha aconsejado una tasa de rehabilitación mínima del 2% anual de todo el parque y para los edificios públicos la Directiva de eficiencia energética obliga a rehabilitar el 3% duplicándose la inversión en eficiencia energética hasta alcanzar los 80.000 millones de euros en el año 2023. Los escenarios más prudentes plantean objetivos anuales de entre 300.000 y 500.000 viviendas rehabilitadas. Javier García Breva hace hincapié en la “falta de seguridad en las inversiones por lo que es necesario establecer esos objetivos a corto, medio y largo plazo”, con lo que la conclusión es que “la seguridad de las inversiones precisa de una planificación vinculante de objetivos”, explica.

Aplicar los instrumentos de financiación previstos en la Directiva de eficiencia energética

Los instrumentos de financiación que establece la Directiva y que deben implantarse en cumplimiento de las normas europeas sin que conlleven costes a los consumidores son, según apuntó García Breva, un sistema de obligaciones de ahorro energético de un 1,5% de todas las ventas anuales de energía (impuestos al CO2, incentivos fiscales, instrumentos financieros y estándares de eficiencia), el establecimiento de mecanismos de colaboración entre la entidad pública y la privada con las entidades financieras y la creación del Fondo Nacional de Eficiencia Energética.

“El gran problema de la rehabilitación es crear proyectos. El tema de los Fondos de eficiencia energética es fundamental: la UE lo financia pero para que haya Fondos tiene que haber proyectos de eficiencia energética ya que es información tecnológica. La UE no quiere dar subvenciones directas, sino mecanismos para financiar”, considera Javier García Breva y añade que “para la aplicación de los Fondos es necesario que se gestionen desde lo local a lo regional y hacia arriba. Los Fondos tienen que nacer en las ciudades” por lo que es un enfoque ascendente.

Esto permite aprovechar el potencial energético local mediante instrumentos de política regional y municipal como las ordenanzas de edificación, planes de ordenación territorial, fiscalidad, simplificación administrativa, créditos blandos y garantías para las comunidades de propietarios. “El desarrollo de la Ley 8/2013 y de las directivas europeas por las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos son herramientas poderosas al concentrar las competencias sobre el medio urbano”, resalta García Breva.

La caída del precio del petróleo no debe hacernos olvidar el problema de la dependencia energética. “Está bajando el petróleo y el problema no es que se exporte petróleo a un precio más bajo, sino que se debería exportar menos gas y petróleo”, comentó este experto. “Realmente ese ahorro tendría que aprovecharse para destinarlo a la eficiencia energética y la rehabilitación: hay que reducir los costes energéticos”, añadió Javier García Breva. Esto es que los bajos precios del petróleo podrían convertirse en un incentivo para recuperar la inversión en nuestra economía mediante estímulos a la demanda de rehabilitación energética de viviendas, edificios y ciudades. Esta sería la mejor respuesta para reactivar el empleo, el consumo y garantizar la seguridad energética del país.

En definitiva, según García Breva “este modelo de negocio energético es un modelo basado en la demanda y que atiende al consumidor a diferencia del modelo convencional. Este modelo ya no depende del gran consumo que se haga, sino de la energía que haya”, concluye.

Fuente: interempresas.net