El consejo de ministros ha aprobado el anteproyecto de Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas. Según el ministerio de fomento, de los 26 millones de viviendas que hay en españa, 15 millones tienen más de 30 años y casi 6 millones tienen más de 50 años.

El ministerio de fomento pone el acento en que en los últimos años el sector se ha volcado fundamentalmente en la construcción de nuevas viviendas, con lo que se ha aparcado la rehabilitación de vivienda usada. A esto se une la distancia que separa el parque edificado en españa de las exigencias europeas relativas a la eficiencia energética de los edificios.

Casi el 60% de las viviendas actuales se construyeron sin ninguna normativa de eficiencia energética (la primera es de 1979), lo que sitúa a españa en una posición difícil de cara al cumplimiento de los compromisos con Europa (Estrategia Europea 2020). Además, de los 10,7 millones de viviendas en edificios de cuatro o más plantas, un porcentaje muy elevado se encuentra en deficiente estado de conservación.

Entre las novedades más relevantes de la nueva ley destacan las siguientes:

  • Se establecen mecanismos que permitirán obtener financiación externa para que la rehabilitación sea más accesible. De manera especial, se introduce la figura de «la memoria de viabilidad económica» que acompañará a cada actuación y que podría justificar la aplicación de reglas excepcionales para vincular incrementos de edificabilidad o densidad, así como cambios a las distintas operaciones de rehabilitación, regeneración y/o renovación urbanas.
  • La configuración del deber de conservación como uno de los deberes fundamentales relacionados con el medio urbano, y, por tanto, su regulación con carácter uniforme, en el marco de las condiciones básicas de igualdad que al estado compete establecer.
  • La regulación básica de un informe de evaluación de los edificios, que trata de superar las insuficiencias de la inspección técnica de edificios (ITE), demandada por el estado a partir del real decreto ley 8/2011. Este informe, además de evaluar el estado de conservación de los edificios, aportará información acerca del grado de cumplimiento de la normativa vigente en materia de accesibilidad e incluirá la certificación de la eficiencia energética. El informe sólo se exigirá a los edificios de tipología residencial de vivienda colectiva que tengan más de cincuenta años y siempre que no hayan pasado ya la inspección técnica de edificios.
  • Se amplían las facultades reconocidas a las comunidades de vecinos, agrupaciones de propietarios y cooperativas para actuar en el mercado inmobiliario con plena capacidad jurídica para todas las operaciones, incluidas las crediticias, relacionadas con las operaciones de rehabilitación.

La titular de Fomento, Ana Pastor, adelantó recientemente que se buscaba impulsar el parque de viviendas y definió la nueva ley como «un instrumento esencial para superar un modelo expansivo que ha desarrollado con desigualdades el acceso a la vivienda». La misma, dijo la ministra, debería fomentar la accesibilidad e impulsar el aislamiento de las viviendas del ruido, el frío y el calor para reducir la factura energética.

Las medidas a adoptar incluyen una inversión de 627 millones de euros para rehabilitación, regeneración y eficiencia energética. En este sentido, Ana Pastor ha asegurado que las ayudas directas incluidas en el nuevo Plan Estatal de Vivienda para el periodo 2013-2016 permitirán crear 105.000 empleos sin contar con los que se generen de forma indirecta.